En el año 2009, la ciudad italiana de L’Aquila se hizo mundialmente conocida por el devastador terremoto que la sacudió (de 6,3 grados de magnitud según la escala Richter) detrozando una buena parte de los edificios medievales de la ciudad además de sesgar la vida de 308 personas y herir a otras 1.500 personas. La ciudad se encuentra en una zona de gran actividad sísmica y, de hecho, desde el siglo XIV se encuentran documentados terremotos que han sacudido la ciudad en repetidas ocasiones, por tanto, con este background no era raro que saltasen las alarmas al notar cualquier temblor o sacudida por mínima que fuese. Precisamente, una semana antes del gran terremoto de L’Aquila, los habitantes alertaron a las autoridades tras notar temblores en sus casas aunque los técnicos de Protección Civil desestimaron la alerta y tranquilizaron a los vecinos. Teniendo en cuenta la magnitud del desastre, el equipo de 6 científicos y un funcionario de Protección Civil ha sido sometido a juicio acusados de homicidio involuntario por la negligencia de sus actuaciones y, hoy mismo, se ha dictado sentencia considerándolos culpables y sentenciándolos a una pena de 6 años de prisión.
A finales de marzo del año 2009, el Gobierno de Italia, viendo los temblores que se sucedían en la zona, decidió convocar un comité de expertos sismólogos (incluyendo al antiguo responsable del Instituto de Geofísica de Italia) para evaluar la situación y, tras personarse en la zona y estudiar las mediciones realizadas, concluyeron que no había peligro y los pequeños temblores no eran el paso previo a uno de mayor magnitud, sino que estaban provocados por tensiones en la falla sobre la que se asienta la ciudad. Unas conclusiones que, una semana más tarde, se vinieron abajo y han llevado al equipo de 7 personas a sentarse en el banquillo de los acusados en un proceso judicial que comenzó en septiembre del año pasado y del que hoy se ha conocido la sentencia.
Nadie puede negar que la sentencia es bastante singular y, seguramente, no estará exenta de polémica puesto que, tras cuatro horas de deliberación, el juez Marco Billi ha encontrado culpables a los 6 científicos y al funcionario de Protección Civil por homicidio involuntario, desastre y lesiones graves por no haber previsto el gran seísmo a pesar de haber estado analizando la zona una semana antes de que éste ocurriese. Precisamente, esta es quizás la parte más sorprendente de todo este caso porque podría deducirse que es posible prever un gran terremoto porque, además, se acusaba al equipo de ofrecer información inexacta, incompleta y contradictoria.
¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿Era posible prever lo que iba a pasar? La defensa ha basado su tesis en que no es posible prever un gran terremoto, de hecho, varios expertos han actuado como testigos para apoyar esta teoría y la comunidad de sismólogos ha recogido unas 5.000 firmas apoyando a sus compañeros puesto que, realmente, lo que hicieron fue emitir una serie de valoraciones y un análisis de riesgos. Equivocado o no el análisis de riesgos, los científicos no tomaron la decisión de no actuar (aunque sí que subestimaron los riesgos de lo que podría ocurrir atendiendo al histórico de terremotos de la zona); una decisión que junto a hacer público el informe recayó sobre el funcionario de Protección Civil que también ha sido condenado junto a los 6 científicos.
El caso no puede darse aún por cerrado porque, seguramente, el equipo recurrirá la condena de 6 años de prisión que les ha sido impuesta y que, por cierto, es 2 años superior a las penas que solicitaba el fiscal del caso. La verdad es que es un caso que, personalmente, encuentro bastante complejo puesto que son múltiples las investigaciones y estudios que hay en marcha para intentar prever este tipo de catástrofes naturales y, con una sentencia como la de este caso, se sienta un “extraño precedente” que va a alejar a la comunidad científica de cualquier tipo de asesoría o relación con los poderes públicos en temas vinculados a la Protección Civil.
Un caso que sorprende mucho puesto que, a nivel gubernamental, la cadena de decisiones va mucho más allá de un funcionario y un comité asesor.
Imagen: InfoSur Hoy
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