Libertad bajo fianza para el co-fundador de Megaupload y obligación de no acceder a la red

A diferencia de Dotcom, el co-fundador de Megaupload, Mathias Ortmann, sí ha obtenido la libertad bajo fianza en el juicio que está teniendo lugar en Nueva Zelanda. La noticia no significa que el hombre pueda “escaparse” de la telaraña judicial ni mucho menos. A partir de ahora, Estados Unidos se basará en el tratado de las Naciones Unidas para obtener la extradición de los miembros del equipo del cyberlocker. Mientras, se confirma que el asalto a los miembros se produjo tras la monitorización remota del FBI.

Hace ya casi un mes desde que Megaupload fuera confiscado por el FBI y su equipo fuera detenido en Nueva Zelanda. Hasta ahora, el juicio ha transcurrido con la repetida negativa de los jueces en el país a la libertad bajo fianza, siempre con el argumento del posible riesgo de fuga de Dotcom.

Ortmann en cambio, el socio co-fundador de la plataforma, sí ha obtenido la libertad bajo fianza aunque como digo, el futuro que se le presenta más que incierto. Si hacemos caso al FBI, el hombre habría conseguido alrededor de 14,5 millones de dólares de Megaupload entre el año 2005 y el 2010. Además, el FBI asegura que habría que añadirle 3 millones en el año 2011.

Anne Toohey, fiscal del caso, ya había reiterado que al igual que Dotcom, el co-fundador de Megaupload de 40 años también podría presentar un riesgo de fuga.

En cualquier caso, la libertad condicional de Ortmann significa que podrá vivir en su casa mientras avanza el juicio al igual que los otros dos miembros del cyberlocker acusados, Bram van der Kolk y Finn Batato.

Junto a la noticia, los jueces han dejado claro que los tres miembros que disfrutan de la libertad bajo fianza no podrán hacer uso de Internet bajo ninguna circunstancia.

En cuanto a Dotcom, el próximo 22 de febrero volverá a comparecer ante la justicia. Mientras, se ha sabido que Estados Unidos tiene la intención de llevar a cabo el tratado con Naciones Unidas con el fin de extraditar a los acusados. El gobierno de Estados Unidos argumenta que si bien en el tratado de extradición no están estipulados los delitos por derechos de autor, en este caso los acusados están involucrados en otros delitos de delincuencia tipificados en el acuerdo. Un argumento que parece perfectamente orquestado con anterioridad.